lunes, 23 de mayo de 2011

GRACIAS CIUDADAN@S ...

Gracias a tod@s los ciudadan@s que han confiado en nosotros y nos han dado voz en el Ayuntamiento de Arona ... Más de 1100 votos nos dignifican... Quizás si hubiera menos abstención ( casi un 52%) ganariamos los que no compramos votos ni voluntades...

Seguro que el ciudadano Jose Antonio Reverón hará una excelente labor durante estos próximos 4 años ... Podeis contar con él para cualquier problema o cuestión que nos preocupe ... Estamos abierto a tod@s ustedes.

Para el 2015 más y mejor. Saludos cívicos.

jueves, 19 de mayo de 2011

Vota Ciudadanos x Arona

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Admitida a trámite una nueva querella contra el alcalde y varios ediles de CC por presunta prevaricación

El magistrado encargado de las diligencias motivadas por la denuncia del ex concesionario de limpieza (Camilo Álvarez) es el mismo que instruye el Caso Arona

GRUPO CAS
Comunicado
El Juzgado de Instrucción 4 de Arona admite a trámite querella contra el alcalde y concejales del Ayuntamiento de Arona por un presunto delito de prevaricación administrativa consistente en impedir la retirada de medios propiedad de la empresa Camilo Álvarez Sánchez tras finalizar el contrato de recogida de residuos sólidos urbanos limpieza  viaria y conservación de jardines y playas.
El Juzgado de Instrucción nº 4 de Arona ha emitido un auto por el que inicia diligencias tras la querella presentada contra el alcalde de Arona y los concejales miembros del Pleno del Ayuntamiento de Arona que votaron a favor del acuerdo plenario de fecha 2 de febrero de 2011 sobre la retirada de material de la empresa Camilo Álvarez Sánchez adscrito al contrato del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y conservación de jardines y playas de la empresa Camilo Álvarez Sánchez.
Los hechos que han dado lugar a la querella tuvieron lugar con motivo de la finalización del contrato del servicio de recogida cuando el Teniente Alcalde del Área de Medio Ambiente y Urbanismo resolvió la imposibilidad de “realizar movimiento alguno de contenedores ni papeleras en el municipio de Arona” hasta que “no reciba la notificación del acuerdo plenario y se proceda a aportar lo requerido en el mismo”, pese a que el 2 de febrero concluía el contrato con la empresa Camilo Álvarez Sánchez y el servicio de limpieza estaba al cargo de una nueva empresa adjudicataria.
En la querella se expone que no sólo se dictó el acuerdo, sino que se llevó a efecto y se ordenó a los agentes de la Policía Local adoptar las medidas oportunas para impedir la retirada de lo contenedores y papeleras. En la noche del día 8 de febrero, cuando operarios de la empresa Camilo Álvarez Sánchez comenzaron con la retirada de los contenedores de su propiedad, se personaron agentes de la Policía Local para hacerles saber que no podían retirar los medios materiales y que habían recibido órdenes de impedir su retirada.
Ante esta situación, los querellados emitieron nuevos informes y dictaron nuevas Resoluciones que,según el texto de la querella, implicaban una “privación absoluta de los bienes” de la empresa Camilo Álvarez Sánchez. Así ocurre en el informe del Técnico Medioambiental de 17 de febrero de 2011 en el que se basa el Teniente de Alcalde del Área de Medio Ambiente y Urbanismo del Ayuntamiento de Arona para dictar la Resolución nº 1017/2011 de 18 de febrero de 2011 en la que se acuerda: “PRIMERO.- Que motivado por razones de interés público a causa de riesgo de emergencia sanitaria ordenar, como medida cautelar, a don Camilo Álvarez Sánchez que mantenga los contenedores de su propiedad en los puntos actuales de ubicación de las vías públicas del municipio de Arona.SEGUNDO.-Dar cuenta al Pleno en la siguiente sesión que se celebre de la presente resolución a los efectos de la procedencia de incoar expediente sancionador a la U.T.E. SUFI, S.A.-HERMANOS SANTANA CAZORLA, S.L. por incumplimiento de poner en funcionamiento el servicio el día 3 de febrero. TERCERO.- Notificar a la Intervención de Fondos , a don Camilo Álvarez Sánchez, a la U.T.E. SUFI, S.A.-HERMANOS CAZORLA, S.L. y a la Policía Local a los efectos de que IMPIDA LA RETIRADA DE CONTENEDORES Y SU TRASLADO DE LA VIA PUBLICA”
Según el contrato que vinculaba al querellante y al Ayuntamiento de Arona, los medios materiales para la prestación del servicio eran aportados por el adjudicatario y se mantenían en su patrimonio. Así lo reconoce la Sentencia de 5 de octubre de 2005 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife. Las resoluciones adoptadas impidieron disponer a la empresa Camilo Álvarez Sánchez de 2.450 contenedores de su propiedad, valorados en 756.147 euros.

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miércoles, 18 de mayo de 2011

Admitida a trámite una querella contra el alcalde de Arona por presunta prevaricación administrativa

Santa Cruz de Tenerife, Europa Press El Juzgado de Instrucción número 4 de Arona ha admitido a trámite una querella contra el alcalde José Alberto González Reverón y varios concejales del Ayuntamiento de Arona por un presunto delito de prevaricación administrativa consistente en impedir la retirada de medios propiedad de la empresa Camilo Álvarez Sánchez tras finalizar el contrato de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y conservación de jardines y playas, tal y como ha informado en una nota dicha empresa.

Tal y como relata la empresa denunciante, los hechos que han dado lugar a la querella tuvieron lugar con motivo de la finalización del contrato del servicio de recogida cuando el teniente alcalde del Área de Medio Ambiente y Urbanismo resolvió "la imposibilidad de realizar movimiento alguno de contenedores ni papeleras en el municipio de Arona hasta que no recibiera la notificación del acuerdo plenario y se procediese a aportar lo requerido en el mismo, pese a que el 2 de febrero concluía el contrato con la empresa Camilo Álvarez Sánchez y el servicio de limpieza estaba al cargo de una nueva empresa adjudicataria".

En la querella, agrega el denunciante, se expone que no sólo se dictó el acuerdo, sino que se llevó a efecto y se ordenó a los agentes de la Policía Local adoptar las medidas oportunas para impedir la retirada de lo contenedores y papeleras. "En la noche del día 8 de febrero, cuando operarios de la empresa Camilo Álvarez Sánchez comenzaron con la retirada de los contenedores de su propiedad, se personaron agentes de la Policía Local para hacerles saber que no podían retirar los medios materiales y que habían recibido órdenes de impedir su retirada", relata la empresa.

Ante esta situación, los querellados emitieron nuevos informes y dictaron nuevas resoluciones que, según el texto de la querella, implicaban una "privación absoluta de los bienes" de la empresa Camilo Álvarez Sánchez. Así ocurre en el informe del técnico medioambiental de 17 de febrero de 2011 en el que se basa el teniente de alcalde del Área de Medio Ambiente y Urbanismo del Ayuntamiento de Arona para dictar la Resolución nº 1017/2011 de 18 de febrero de 2011.

En este informe se acuerda "que motivado por razones de interés público a causa de riesgo de emergencia sanitaria ordenar, como medida cautelar, a Camilo Álvarez Sánchez que mantenga los contenedores de su propiedad en los puntos actuales de ubicación de las vías públicas del municipio de Arona; dar cuenta al Pleno en la siguiente sesión que se celebre de la presente resolución a los efectos de la procedencia de incoar expediente sancionador a la UTE SUFI, SA, Hermanos Santana Cazorla, SL, por incumplimiento de poner en funcionamiento el servicio el día 3 de febrero; notificar a la intervención de fondos a Camilo Álvarez Sánchez, a la UTE y a la Policía Local a los efectos de que impida la retirada de contenedores y su traslado de la vía publica".

Según el contrato que vinculaba al querellante y al Ayuntamiento de Arona, los medios materiales para la prestación del servicio eran aportados por el adjudicatario y se mantenían en su patrimonio. Así lo reconoce la sentencia de 5 de octubre de 2005 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife. Las resoluciones adoptadas impidieron disponer a la empresa Camilo Álvarez Sánchez de 2.450 contenedores de su propiedad, valorados en 756.147 euros, según la propia empresa.

martes, 17 de mayo de 2011

El ayuntamiento no pagó 9,5 millones en facturas de 2010

Mientras el jefe de la oposición, Francisco García Santamaría, afirma que el gobierno local no había autorizado el pago de facturas, la concejal de Hacienda, Candelaria Padrón, dice que el ayuntamiento está al día con sus proveedores.

J.FEO, El Día Arona

El debate sobre la liquidación del presupuesto de 2010 del Ayuntamiento de Arona enfrentó ayer al principal grupo de la oposición y al gobierno local. De hecho, Francisco García Santamaría, portavoz socialista, lanzó duras criticas contra los nacionalistas y dejó constancia de que el montante de "las facturas pendientes de pago del año pasado asciende a más de 9,5 millones de euros".

"Lo lamentable de este asunto es que dichas facturas están en Tesorería, pero el gobierno local no ha autorizado el correspondiente pago", manifestó el jefe de la oposición, quien añadió que "hay otros 450.000 euros más de facturas impagadas de 2008 y 2009. Es decir, lo que debe este gobierno local a empresas asciende a más de 10 millones".

"Queda claro, a todas luces, que la irresponsabilidad del gobierno municipal está poniendo en riesgo a muchas pymes", advirtió muy preocupado el concejal.

"La caótica situación económica que han propiciado los nacionalistas también se refleja en el remanente de Tesorería, que ha bajado casi un 90 por ciento con respecto a la de 2009", explicó el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento aronero.

De este modo, indicó que "hace dos años el remanente superaba los 15,6 millones de euros, frente a los 1,7 millones de 2010. La corporación local que entre después de los comicios estará atada de pies y manos para trabajar".

La respuesta de la concejal de Hacienda, Candelaria Padrón, no se hizo esperar y afirmó que "estamos al día con los proveedores".

Explicó que la cifra a la que alude Santamaría se refiere a contabilidad, "porque estamos pagando a un plazo de 60 días".

Candelaria Padrón sí reconoció el descenso en el remanente y lo atribuyó a la imposibilidad de ingresar todo lo previsto en el presupuesto de 2010.

El Pleno municipal elimina del PGO dos urbanizaciones


VICENTE PÉREZ | Diario de Avisos ARONA

El pleno del Ayuntamiento de Arona aprobó ayer -con los votos a favor de CC, el no del PSOE y la abstención de PP y CAN- nuevas subsanaciones al Plan General de Ordenación, impuestas el 27 de abril por la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (Cotmac), documento que se remitirá hoy mismo al Gobierno regional para que le dé el visto bueno y pueda publicarse en el Boletín Oficial “el 99,76%” del plan, según avanzó el edil de Urbanismo, Antonio Sosa.

En concreto, se trata de la eliminación de dos sectores de suelo donde se preveían urbanizaciones residenciales, uno junto a El Fraile y otro en el Mirador de las Águilas, que ahora pasarán a ser rústicos, ya que estos terrenos están protegidos, en el primer caso en el Plan Territorial de Ordenación Turística de Tenerife (alberga un cardonal), y en el segundo, por el Plan Insular de Ordenación del Territorio (está en un área de barrancos). Ambas operaciones urbanísticas figuran entre las examinadas por el Juzgado en el llamado caso Arona.

El acuerdo plenario adoptado ayer también incluye modificaciones en los planes parciales Los Cercaditos (se le exige un desarrollo por etapas), Los Toscales (vuelve a los límites de 2006) y Las Rosas-Coromoto (con una nueva rotonda de conexión a la carretera general).

De esta forma, según indicó Sosa, sólo queda ya pendiente de resolver el problema de las viviendas ilegales en cuatro asentamientos rurales que no reconoce la Cotmac, a saber: Cañada Verde, Los Morritos, Las Bernalas y Llanos de Igara (unas 200 casas), y el Ayuntamiento tiene seis meses para demostrar que se cumple el PIOT.

Todas estas modificaciones acordadas ayer se deben a un informe desfavorable emitido en abril pasado por el Cabildo, “con el que no tuvimos la ocasión de discutir”, según criticó en el pleno el concejal de Urbanismo, quien lamentó que ni en 2008 ni en 2010 la Corporación insular atendiera la petición municipal de emitir su parecer sobre el PGO, y en cambio sí lo hizo a última hora a requerimiento de la Cotmac. En este sentido, tanto Manuel Barrios (CAN) como Esteban Alayón (PP) salieron en defensa del suelo urbanizable del Mirador de Las Águilas, alegando el edil centrista que estos terrenos forman parte de un plan parcial ya aprobado; mientras el PP planteó que, “si el PIOT no dice que ese suelo sea desclasificable, cómo es que la Cotmac lo hace”. Barrios añadió que “el Cabildo ha sido el enemigo número uno del PGO”.

Por su parte, el portavoz socialista, Francisco Santamaría, acusó a CC de cometer “abusos, engaños y manipulaciones” sobre el nuevo PGO. Una acusación que rechazó el alcalde, José Alberto González Reverón, quien esgrimió que lo que ha habido con el PGO son “vaivenes y bandazos, internos y externos, de otras instituciones”, pero “jamás” lo asegurado por Santamaría, pues CC ha tramitado este plan “con la máxima seriedad”. Al pleno no asistió el exedil del PSOE José Antonio Reverón, ahora en el grupo mixto.

lunes, 16 de mayo de 2011

El mercado privado anegado por la lluvia carece de licencia de apertura

La empresa está tramitando la correspondiente licencia desde hace algún tiempo y, a raíz de la inundación del recinto por las intensas lluvias de abril, el ayuntamiento le ha exigido un plan de seguridad y una serie de medidas correctoras en el complejo que garanticen la salvaguarda de los comerciantes y clientes.

J.FEO, El Día Arona

El mercado privado de la ciudad turística de Los Cristianos que se inundó a consecuencia de las últimas lluvias "no cuenta con licencia municipal de apertura", asegura el portavoz del grupo de gobierno y concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Arona, Antonio Sosa.

El edil reconoce que los promotores del proyecto "habían solicitado desde hace algún tiempo la licencia, pero no se le ha podido dar porque faltaba documentación. Ello derivó en una notificación para que la empresa presentase la información pendiente".

A raíz de la inundación del espacio donde se ejercía la actividad económica "hemos requerido nuevamente a los responsables que nos presenten un proyecto con las medidas de seguridad, así como de las medidas correctoras necesarias para evitar que vuelvan a repetirse acontecimientos como los registrados" el pasado mes por las lluvias intensas, señala Sosa.

"Todo lo que se refleje en el proyecto de seguridad y las medidas correctoras, las cuales deberán elaborarse por aquellos técnicos competentes en cada una de las materias, serán posteriormente verificadas por personal especializado del ayuntamiento", manifiesta el portavoz del gobierno local.

De este modo, reconoce que en la actualidad "es muy engorroso" obtener una licencia de apertura, "pero eso no es óbice para que el establecimiento si está abierto al público, como es el caso del citado mercado, disponga de cuantas medidas de seguridad sean precisas para garantizar la salvaguarda de los que allí acuden los días que ejerce".

"Confiamos en que con la nueva Ley de Actividades y Espectáculos, que se prevé entre en vigor en el último trimestre de este año, los trámites para lograr la licencia de apertura se simplifiquen. Ello permitiría que muchas empresas del municipio puedan regularizar su actual situación", explica.

El portavoz destaca, por otro lado, que la normativa urbanística vigente "no nos permite implantar ningún mercado, de ahí que estemos llevando a cabo diversos tipos de ferias por distintas zonas del municipio".

"Dicho inconveniente se terminará una vez entre en vigor el futuro planeamiento, que sí permite la posibilidad de habilitar espacios para mercados. Tal es así que no descartamos contar con recintos para que comerciantes vendan sus productos los sábados y domingos en algún punto de las ciudades turísticas de Los Cristianos y Playa de las Américas", concluye el edil.